NOTAS DE PRENSA

Asociaciones Público Privadas (APP): una gran oportunidad para invertir en el Perú

Debido a las afectaciones económicas en el Perú a consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio dictadas por el gobierno para combatir el COVID-19, el Estado Peruano necesita actualmente de la cooperación del sector privado para llevar a cabo proyectos de inversión en el sector salud, educación, electricidad, minería y otros en beneficio de la ciudadanía.

En efecto, la figura legal de las Asociaciones Público Privadas ha sido utilizada en los últimos años como una forma de colaboración entre el sector público y privado para llevar a cabo estos proyectos. Según el artículo 20 del Decreto Legislativo N°1362 (2018) las Asociaciones Público Privadas son “una modalidad de participación de la inversión privada, mediante contratos de largo plazo en los que interviene el Estado, a través de alguna entidad pública y uno o más inversionistas privados”.

Los beneficios de esta modalidad de inversión son variados tanto para el Estado como para el sector privado.  Para el Estado, en primer lugar, porque en las Asociaciones Público Privadas tanto en los proyectos originados por iniciativa estatal como por iniciativa privada se distribuyen los riesgos y recursos, preferentemente privados. En segundo lugar, en momentos que el Perú necesita continuar con proyectos importantes en beneficio de la ciudadanía en medio de una recesión económica, el aporte del sector privado otorgará solvencia económica al Estado para llevar a cabo estos proyectos, aportando además conocimientos, experiencias, tecnologías y brindando mejor infraestructura y servicios públicos.  

Por su parte, para el sector privado las Asociaciones Público Privadas pueden resultar beneficiosas toda vez que estas pueden ser cofinanciadas o autofinanciadas, dependiendo si el proyecto necesita cofinanciamiento por parte del Estado o garantías financieras por parte de este o, por el contrario, si el proyecto puede ser autosostenible y generar sus propios ingresos, demandando solo quizá una mínima o nula garantía financiera por parte del Estado.

En este sentido, para el sector privado, esta modalidad de inversión resulta un beneficio y un incentivo, pues, además de permitirle coadyuvar al Estado en el desarrollo de sus iniciativas en beneficio de la ciudadanía, también lo faculta a presentar sus propios proyectos, pudiendo ser estos autofinanciados en caso de que puedan generar por sí mismos ingresos. Lo indicado, de la mano con la larga duración de estos contratos, hará que la empresa privada pueda recuperar su inversión y generar mayores ingresos en un mayor clima de seguridad jurídica.


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